Cuando la financiación es verde, no por el color de los billetes

21-05-2018 | Redacción CEU

El cambio climático, como la transformación digital, también funciona como palanca transformadora del mundo de las finanzas. El calentamiento global y su correspondiente lucha y combate tienen su propio reflejo en el sector. La financiación “verde” se abre cada vez  más hueco en el mercado. La apuesta por los bonos y préstamos verdes en nuestro país crece de forma sustancial. Pero ¿en qué consiste este tipo financiación?, ¿qué le diferencia del resto de instrumentos de financiamiento tradicionales?, ¿quién y cómo controla cuál es su color?

 

Energía renovable, reducción de emisiones de carbono, conservación de la biodiversidad, eficiencia energética, uso sostenible de la tierra, gestión responsable de residuos, transporte limpio, gestión sostenible del agua, productos eco-eficientes o adaptación al cambio climático son solo algunos de los nombres que acompañan a los proyectos que suelen llevar el sobrenombre de “verde”, es decir, que se consideran respetuosos con el medioambiente. En los últimos años, hay una tendencia creciente y, en concreto, muy significativa en nuestro país (en el ranking mundial ocupamos el puesto decimotercero), a apostar por la financiación de este tipo de iniciativas, sobre todo, bajo la fórmula de los bonos verdes.

¿Qué tienen de diferentes los bonos cuando son verdes?

Los conocidos como bonos verdes tienen el objetivo de financiar o refinanciar, de forma parcial o completa, proyectos nuevos o ya existentes que tienen un interés manifiesto en impulsar un efecto medioambiental positivo. En realidad, este tipo de bonos no se diferencia del resto, salvo en el adjetivo que les acompaña y, en principio, en su misión responsable y contributiva con el cuidado del medioambiente. Sin tener en cuenta esa distinción, bien podrían ser considerados en esencia bonos convencionales.

Recordemos que los bonos son instrumentos de deuda que una empresa, organismo o una administración pública emite con el fin de poder obtener recursos de financiación. El emisor del bono se compromete a devolver al comprador del bono (tenedor), en un tiempo determinado, el dinero prestado junto a unos intereses periódicos (cupones). En el caso de que los bonos sean verdes, para salir a bolsa necesitan una verificación que garantice que esa calificación sea adecuada -algo que desarrollaremos más abajo-.

Los emisores de estos bonos verdes pueden ser desde instituciones supranacionales y gobiernos, hasta entidades financieras y empresas. En relación a su emisión, los bonos pueden adoptar cuatro modalidades financieras según su cobertura de riesgo crediticio:

  • Simples: garantizados por la capacidad financiera del emisor
  • De ingreso: garantizados por  los flujos de ingreso especificados por el emisor
  • Project Finance: garantizado por los flujos de caja que genere el proyecto
  • Titularizados: garantizado por los ingresos de una cartera de proyectos

En 2017, los bonos verdes alcanzaron los 160.800 millones de dólares (cerca de los 136.600 millones de euros) a nivel global, una cifra que la mayoría de expertos apunta que aumentará considerablemente a finales de 2018, pese al descenso experimentado este primer trimestre. De hecho, según los datos facilitados por Climate Bonds Initiative (CBI), en lo que va de año se han emitido en España bonos verdes por valor de 4.000 millones de euros, esta cifra casi alcanza al total de los bonos emitidos durante el pasado año, 5.000 millones de euros. Entre los principales emisores de bonos verdes de este periodo se encuentran ACS, Adif Alta Velocidad, la Comunidad de Madrid o BBVA. Otros emisores relevantes dentro del panorama nacional han sido Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Repsol.

Cuando la financiación es verde, no por el color de los billetes

¿Quién determina el color de los bonos?

Para conseguir la etiqueta de “verde”, los bonos necesitan que un organismo externo los certifique. El emisor debe que garantizar que los beneficios obtenidos tienen como destino proyectos que encajen con este adjetivo ligado al respeto al medioambiente. Las emisiones de bonos suelen estar respaldadas por verificadores independientes en base a criterios generalmente aceptados. Estos organismos se rigen de forma habitual por los estándares fijados por la International Capital Market Association (ICMA), los conocidos como Green Bond Principles (GBP). Los emisores también suelen informar de forma periódica de qué uso se está dando a los recursos y estos reportes también son susceptibles de ser auditados.

Otros estándares que cabe mencionar son los ASEAN Green Bond Standards que se aplican en los mercados del sudeste asiático y los de Climate Bonds Initiative dedicados específicamente al cambio climático. No obstante, al ser una modalidad de financiamiento relativamente nueva, la regulación de los bonos verdes aún no está muy desarrollada. Algunos expertos señalan la necesidad de impulsar una normativa más firme para evitar caer en el greenwashing. Es previsible que estas medidas de verificación se desarrollen; en el mercado los bonos verdes tienen mucha aceptación y los inversionistas así lo demandarán.

Los préstamos también pueden ser verdes

Aunque menos conocidos, los “green loans” tienen un hueco en este incipiente sector de la financiación verde y también registran cifras en ascenso. Estos préstamos, como los bonos verdes, son similares a los instrumentos de financiamiento convencionales que les dan nombre, con la misma salvedad: los recursos obtenidos a través de ellos deben destinarse a actividades que encajen en la categoría de “verde”.

Este aumento de la conciencia ambiental en los mercados esta marcada, en parte, por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los bonos y préstamos verdes pueden servir no solo como alternativa de financiación, también para demostrar que lo verde es rentable, para incrementar el compromiso con la lucha contra el cambio climático entre los inversores o para favorecer la alineación con las estrategias de sostenibilidad. Para ello, es importante insistir en que su implementación sea efectiva, y no se quede solo en un adjetivo.

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