El análisis que haremos se pretende se centra, fundamentalmente, en la responsabilidad institucional de las Administraciones Públicas como consecuencia de su actuación en la crisis.
El análisis que haremos se pretende se centra, fundamentalmente, en la responsabilidad institucional de las Administraciones Públicas como consecuencia de su actuación en la crisis. Este análisis es, esencialmente, subjetivo y sin entrar en este momento y por razones puramente metodológicas en la delimitación subjetiva y, por tanto, en la concreción dentro del propio sistema nacional de salud de las responsabilidades concretas y de la imputación a uno u otro subsistema territorial. Es este un debate apasionante pero que, en el tiempo actual, exige una consideración previa de carácter objetivo que analice las peculiaridades del marco de responsabilidad en un supuesto como el presente y que constituye, por tanto, el principal objetivo de este trabajo.
Ponentes
Alberto Palomar
Socio del área de Derecho Público en Broseta Abogados
Socio del área de Derecho Público en Broseta Abogados, Letrado de la Seguridad Social, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo (en excedencia) en Madrid, Director del Master Universitario de Acceso a la Abogacía del CEU, y Profesor Titular Acreditado de Derecho Administrativo. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el entorno jurídico y académico, en especial en materia de Derecho Administrativo y Derecho del Deporte. En el ámbito de la Administración Pública, ha ocupado cargos como la secretaría general del Boletín Oficial del Estado; las direcciones de gabinete de los secretarios de Estado de Administración Pública, de Justicia y de Deporte; la dirección de la Inspección de Servicios del Ministerio de Presidencia y la subdirección general de deporte profesional, entre otros. En materia académica y editorial, cuenta con una prolífica obra, y es miembro además de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, director de la revista Aranzadi de Derecho del Deporte y del Entretenimiento, y ha sido reconocido, entre otros méritos, con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción del Gobierno a un abogado por su trayectoria y excelencia profesional.
Entidades Colaboradoras
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