The analysis that we will do is fundamentally focused on the institutional responsibility of the Public Administrations as a consequence of their actions in the crisis.
The analysis that we will do is fundamentally focused on the institutional responsibility of the Public Administrations as a consequence of their actions in the crisis. This analysis is, essentially, subjective and without going into this moment and for purely methodological reasons, in the subjective delimitation and, therefore, in the concretion within the own national health system of the concrete responsibilities and the imputation to one or another subsystem. territorial. This is an exciting debate, but one that, at the present time, requires prior consideration of an objective nature that analyzes the peculiarities of the framework of responsibility in a case such as the present, and which therefore constitutes the main objective of this work.
Speakers
Alberto Palomar Olmeda
Socio.Broseta Abogados
Socio del área de Derecho Público en Broseta Abogados, Letrado de la Seguridad Social, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo (en excedencia) en Madrid, Director del Master Universitario de Acceso a la Abogacía del CEU, y Profesor Titular Acreditado de Derecho Administrativo. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el entorno jurídico y académico, en especial en materia de Derecho Administrativo y Derecho del Deporte. En el ámbito de la Administración Pública, ha ocupado cargos como la secretaría general del Boletín Oficial del Estado; las direcciones de gabinete de los secretarios de Estado de Administración Pública, de Justicia y de Deporte; la dirección de la Inspección de Servicios del Ministerio de Presidencia y la subdirección general de deporte profesional, entre otros. En materia académica y editorial, cuenta con una prolífica obra, y es miembro además de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, director de la revista Aranzadi de Derecho del Deporte y del Entretenimiento, y ha sido reconocido, entre otros méritos, con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción del Gobierno a un abogado por su trayectoria y excelencia profesional.
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